El Juzgado de Letras de Panguipulli ordenó a la municipalidad de esa comuna a pagar una millonaria indemnización contra una funcionaria que fue despedida por razones políticas.

El mencionado tribunal, acogió la denuncia de tutela laboral interpuesta en contra de la municipalidad local por la funcionaria Solange Fuentes Acuña, quien fue desvinculada en marzo de 2017, por motivos políticos.

El magistrado Felipe Muñoz acogió la acción judicial presentada y ordenó a la Municipalidad de Panguipulli pagar una indemnización de $12.012.462 (doce millones doce mil cuatrocientos sesenta y dos  pesos) a la denunciante, tras establecer que el despido impugnado se realizó con infracción a la ley y vulneración de garantías constitucionales.

El fallo precisa que  “la circunstancia de que el actual Alcalde don Rodrigo Valdivia Orias ha calificado a la denunciante en el ejercicio de sus funciones laborales por consideraciones de adherencia política se verifica en forma palmaria. De los documentos incorporados por la parte demandante consta aquel antecedente, cual no fue controvertido suficientemente por ninguna prueba en contrario de la denunciada y las declaraciones del actual Alcalde en medios de prensa, efectuadas en el período administrativo municipal anterior, cuando éste ejercía como Concejal, en caso alguno fueron desmentidas”.

En el fallo se acredita que “en relación a que su despido estuviere motivado por discriminaciones de orden político y ser el mismo lesivo de su integridad psíquica, conforme el mandato legal del artículo 493 del Código del Trabajo, correspondía al Municipio denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas (desvinculación de la actora) y de su proporcionalidad (…) Con lo expuesto precedentemente no se advierte por quien suscribe, cómo el término anticipado de la contrata de la denunciante se enmarca en la satisfacción de la “necesidad de modificar, restructurar y optimizar las funciones del servicio” que consta en la letra a) de los Vistos del decreto N° 353 que dispuso dicho término anticipado”.

Asimismo, detalla que se “concluye que el término de los servicios de Solange Fuentes Acuña ha sido entonces un acto discriminatorio en razón de desavenencias de carácter político con el representante legal de la I. Municipalidad de Panguipulli, Alcalde don Rodrigo Valdivia Orias, que ha significado una exclusión del empleo (…) contraviniendo expresamente la  idoneidad y capacidad profesional del afectado, conducta prohibida a (…) Aquel despido, o término anticipado de contrata, resultó además lesivo de la garantía constitucional del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, en la parte que garantiza el Derecho a la integridad psíquica, habiendo significado una vulneración de la integridad psíquica, corroborada al menos mínimamente mediante antecedentes médicos pertinentes y declaraciones testimoniales”.

Es por ello, que se acogió parcialmente la denuncia, dándose por acreditado que la municipalidad “discriminó arbitrariamente” a la denunciante “por motivo de su opinión política”, lo que a juicio del tribunal resultó “lesivo a la integridad psíquica" de la mujer.

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