La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó parcialmente el fallo de primera instancia que condenó a la Municipalidad de Panguipulli a pagar una indemnización de $12.012.462 a Solange Andrea Fuentes Acuña, tras establecer que el despido de la funcionaria que se desempeñó 18 años en el municipio, se adoptó con infracción a la ley y vulneración de garantías constitucionales.

El fallo dividido, de la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada los ministros Carlos Gutiérrez, Mario Julio Kompatzki y María Soledad Piñeiro– ordenó, además, al municipio  pagar a la demandante $12.012.462 por concepto de lucro cesante.

El fallo establece “que se ha cometido una infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al no condenar a la demandada al pago del lucro cesante, que en la especie se traduce en el pago de la remuneración por el periodo de vigencia de la contrata, a la que tenía derecho la demandante desde el momento en que se procedió a renovarla el 22 de noviembre de 2016, fecha en que se le generó la expectativa legítima de mantener su ingreso, y dado que se estimó su desvinculación con vulneración de garantías constitucionales, la indemnización debe ser integra, pues debe dejar a la afectada en el estado previo a la vulneración”.

Por lo tanto, concluye: “Que la demandada, además de lo dispuesto en el N° I. de la sentencia recurrida, deberá pagar a la parte demandante, por concepto de lucro cesante la suma de doce millones doce mil cuatrocientos sesenta y dos pesos”.

Decisión adoptada con el voto de minoría de la ministra Piñeiro Fuenzalida, quien fue del parecer de condenar a la demandada, además, al pago de las indemnizaciones substitutiva de aviso previo y por años de servicio, como lo ordena el artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo”.

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