Acusan incumplimientos de programas de salud mental y rehabilitación en centro del SENAME en Valdivia
El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso un recurso de amparo en favor de los adolescentes del Centro del SENAME de Las Gaviotas, acusando incumplimientos en programas de salud mental y rehabilitación.
El INDH interpuso la acción legal ante el Tribunal de Garantía de Valdivia, en favor de ocho jóvenes del Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP-CRC) del Servicio Nacional de Menores ubicado en el sector de Las Gaviotas.
En ese sentido, el Jefe Regional del INDH en Los Ríos, Sebastián Smart, aseguró que el recurso de amparo busca proteger la salud física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, pero además que los servicios del Estado se coordinen para prestar las atenciones pertinentes del centro, asegurando que los programas que se realizan entre el SENAME, el SENDA y el Servicio de Salud -que cuentan con financiamiento vigente- no se estarían ejecutando de buena manera.
Al respecto la abogada del INDH, Constanza de la Fuente, especificó que se han presentado incumplimientos en los programas de salud mental y rehabilitación de consumo de alcohol y drogas.
En esa línea, la abogada explicó que constaron que no había continuidad en la ejecución de estos programas, lo que se habría intensificado en el contexto de la pandemia por el COVID-19, por la disponibilidad de profesionales y las características propias del encierro.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos solicita en el recurso de amparo -entre otras cosas- que el SENAME, SENDA y el Servicio de Salud entreguen información acerca de los programas y se impartan instrucciones a dichas instituciones, con la finalidad de que se dé cumplimiento íntegro y urgente al Programa de Tratamiento Integral para Adolescentes y Jóvenes Ingresados al Sistema Penal por Ley N° 20.084 con Consumo Problemático de Alcohol – Drogas y otros Trastornos de Salud Mental y sus protocolos de actuación adecuándose estos a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos.
