Aprueban 22 de las 141 las solicitudes de libertad condicional para internos de la cárcel de Valdivia
La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Valdivia acogió 55 solicitudes de un total de 207 presentadas por condenados de las unidades penales de Osorno y Valdivia. Del total de aprobadas, 22 son del Complejo Penitenciario de la capital de Los Ríos.
Durante el mes de abril se revisaron 36 solicitudes presentadas por internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, 16 del Centro de Estudio y Trabajo de Osorno, 141 del Complejo Penitenciario de Valdivia y 14 del Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia, para la obtención de libertad condicional.
En ese contexto, y según detallaron desde el Poder Judicial en Los Ríos, tras analizar los antecedentes, la comisión, que se reunió entre el 12 y 16 de abril, aprobó la libertad condicional de 9 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, rechazando 26; 10 del Centro de Estudio y Trabajo de Osorno, rechazando 6.
En tanto, en Valdivia se aprobaron 22 solicitudes del Complejo Penitenciario de la ciudad, rechazando 117 y manifestándose a favor de la solicitud de 14 internos del Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia.
Por otra parte, la Comisión omitió pronunciamiento respecto de dos internos del Complejo Penitenciario de Valdivia y uno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno por haber cumplido su condena a la fecha de revisión de los antecedentes.
La Comisión estuvo presidida por la Ministra y Presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, María Elena Llanos, e integrada por la jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, Gloria Sepúlveda, el juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, Marcelo Reuse, el juez del Juzgado de Garantía de Valdivia, Carlos Acosta y el magistrado del Juzgado de Garantía de Osorno, Alex Francke.
Según informaron, la decisión de otorgar libertad condicional a los internos fue tomada en base a informes psicosociales elaborados por Gendarmería, los que fueron evaluados en cuanto a los factores de riesgo de reincidencia por parte de los internos que postularon para obtener la libertad condicional.
En este sentido, el integrante de la Comisión y juez del Tribunal Oral en lo Penal de Osorno, Magistrado Marcelo Reuse, afirmó que “además de un serie de requisitos formales, que dicen relación con el tiempo de cumplimiento de la pena y el comportamiento que han tenido los condenados durante un periodo previo resolverse la libertad condicional; para el otorgamiento de dicho beneficio resulta particularmente el mérito del informe sicosocial que elabora Gendarmería”.
Dicho informe “debe considerar los factores de riesgo de reincidencia, antecedentes sociales y las características de personalidad del condenado, la conciencia de la gravedad del delito, del mal que este case y el rechazo explícito a tales hechos ilícitos, elementos que sin lugar a duda permiten a la Comisión resolver de una mejor manera acerca de una posibilidad de un persona condenada para reinsertarse en la sociedad”, agregó Reuse.
Entre los criterios utilizados para el otorgamiento de la libertad, se encuentran el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena o dos tercios (dependiendo del tipo de delito), haber tenido conducta intachable en el establecimiento penal en los cuatro bimestres anteriores a su postulación o tres bimestres en el caso que la condena impuesta no exceda los 541 días, riesgo de reincidencia y posibilidades de reinserción social.
¿Qué ocurre con las personas que obtienen la libertad?
Las personas en libertad condicional quedan sujetas a la supervisión de un delegado de Libertad Condicional de Gendarmería de Chile.
El delegado designado para el control de la libertad condicional, dentro de los siguientes 45 días a su designación, debe elaborar un plan de intervención individual. La persona condenada debe firmar un compromiso de dar cumplimiento a las condiciones de ese plan, tendiente a su rehabilitación y reinserción social.
La comisión puede revocar la libertad condicional si no se cumple el plan.
En caso que se revoque el beneficio, la Comisión ordenará el ingreso de la persona a la cárcel, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena.
