Caso Convenios: Irregularidades en transferencias también se produjeron en Los Ríos

Contraloría emitió un informe en el que detecto una serie de observaciones en la Seremi de Vivienda en el marco de la ejecución de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades.

La Contraloría Regional de Los Ríos, en cumplimiento de su plan anual de fiscalización  inició una fiscalización en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos sobre las transferencias de recursos en el marco de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023. Todo en medio del denominado Caso Convenios que se investiga a nivel país.

La auditoría se realizó considerando las transferencias efectuadas por el organismo en virtud de convenios celebrados con distintos organismos, en el contexto de los programas antes mencionados.

Entre los inconvenientes detectados figura la falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades privadas ejecutoras del programa Asentamientos Precarios. Se constató que, si bien el SERVIU de Los Ríos cuenta con el “Manual de Procedimientos de Asignación y Transferencias de Recursos Programa Campamentos”, durante el periodo en revisión no poseía instrucciones o lineamientos para seleccionar a las entidades privadas que ejecutarán los proyectos, tales como invitaciones o llamados públicos a participar, pliegos de condiciones en los que se indiquen las competencias técnicas y requisitos legales requeridos para llevar a cabo las iniciativas.

También se detectó la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras y que la SEREMI MINVU y el SERVIU, ambos de la región de Los Ríos, no cuentan con procedimientos de control que le permitan verificar que los actos administrativos que suscriben para la ejecución de proyectos de inversión en el marco del Programa de Asentamientos precarios cuenten con los fundamentos necesarios que le dan sustento.

También se encontró una falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de las transferencias ya que las descripciones son de carácter genérico, sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, solo costos globales, sin que se hayan entregado antecedentes que den cuenta de los mecanismos utilizados por esa repartición para la determinación de las actividades, de las obras y sus especificaciones técnicas y de los costos estimados, que permitan determinar
fundadamente el monto a transferir en cada iniciativa.

• Rendiciones en una planilla Excel

El informe detectó que el control de rendiciones de cuentas se lleva a cabo mediante una planilla Excel llamada “Planilla control rendiciones municipales-intendencia”. Sin embargo, esta planilla es vulnerable a errores y modificaciones, ya que los datos se ingresan manualmente. Esto significa que no existe un mecanismo eficiente para resguardar la calidad de los registros.

Esta situación se confirmó a través de un acta de reunión celebrada el 4 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la SEREMI MINVU de Los Ríos. Además, se ha revelado que la entidad no cuenta con un sistema informático adecuado para el control y monitoreo de las transferencias. Esto impide obtener información integral sobre los montos transferidos por convenio y entidad, los comprobantes de egreso de cada transferencia, la cantidad de convenios en ejecución y los montos rendidos por cada fundación, entre otros datos cruciales.

Estas deficiencias en el control de rendiciones incumplen con los principios de control, eficiencia y eficacia estipulados en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575.

• Respuesta del MINVU

El Ministerio de Vivienda realizó desde el central una declaración para referirse a estos nuevos hallazgos del ente contralor. En ella aseguran que “las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este ministerio” y que “desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría, además de emprender todas las acciones que dispone la institucionalidad para impedir que los recursos destinados a las familias que viven en campamentos se deriven para otros fines”.

En ese sentido recalcaron que “desde un principio, planteamos que el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que inicia su relación con instituciones sin fines de lucro en 2019 y que fue utilizado por las últimas administraciones ministeriales, incluyendo ésta, requería de un estándar mayor de control. Dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva, entre ellos, la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias”.

Finalmente, detallaron que “no vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales”.