Judicial
Domingo 27 de abril de 2025 |
Publicado a las
3:57 pm | Actualizado a las 5:40 pm
CDE demandó a exfuncionarios por malversación en Hospital de Los Lagos y pide restitución de $150 millones
CDE demandó a exfuncionarios por malversación en Hospital de Los Lagos y pide restitución de $150 millones


El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Servicio de Salud de Valdivia, ha presentado una demanda por un total de $150 millones contra tres personas, quienes fueron condenadas por un delito de malversación de caudales públicos ocurrido entre 2015 y 2019.
La acción busca recuperar los fondos sustraídos mediante pagos fraudulentos en el Hospital de Los Lagos.
El CDE interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en el Tribunal Civil de Valdivia, con el objetivo de obtener una compensación económica por los $150.366.720 que, según la investigación, fueron sustraídos de los fondos públicos del Servicio de Salud de Valdivia.
Los demandados son Evelyn Viviana Caro Salas, Marcelo Alejandro Esparza Esparza y Fernando Andrés Ulloa Carvallo, quienes participaron en un esquema de doble pago de facturas en el Hospital de Los Lagos. Este fraude fue descubierto en mayo de 2019 por una auditoría interna, y posteriormente, se inició una investigación penal que culminó con sentencias condenatorias en 2024.
Cabe destacar, que las condenas fueron de cinco años y un día de cárcel para Esparza, cinco años de presidio con cumplimiento fuera de prisión para Ulloa y tres años de presidio para Evelyn Caro, todo aquello sumado a las accesorias legales.
El fraude consistió en la emisión de facturas falsas en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), lo que permitió generar pagos duplicados, uno legítimo y otro ilegítimo mediante cheques cobrados por la mujer condenada.
Esta operación implicó una violación a los protocolos administrativos del hospital y causó un perjuicio directo a las arcas públicas.
En la demanda interpuesta, el CDE solicita que los tres demandados sean condenados a pagar la suma original de los fondos sustraídos, más el reajuste correspondiente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los intereses derivados de la mora en el pago.