Defensoría de Los Ríos busca que la justicia impida el traslado de reos con COVID-19 a la cárcel de Valdivia
La Defensoría Pública Penitenciaria de Los Ríos interpuso una cautela de garantías para impedir el traslado de internos con COVID-19, que puedan afectar a la población penal.
De acuerdo a lo información por dicha institución, la Defensora Pública Penitenciaria de Los Ríos, Marcela Tapia, presentó este viernes una cautela de garantías ante el Tribunal de Garantía de Valdivia, para que se adopten todas las medidas sanitarias y en lo sucesivo, Gendarmería se abstenga de trasladar entre unidades penales de regiones a personas condenadas contagiadas con COVID-19. Todo ello, tras el brote del virus en el Complejo Penitenciario Llancahue que ha dejado a 17 internos contagiados con el SARS-CoV-2.
Sobre la acción legal, la Defensora Penitenciaria, Marcela Tapia, mencionó que a partir de derechos y garantías que protegen a personas privadas de libertad bajo la tutela del Estado, establecidos en tratados Internacionales, en la Constitución, en leyes y reglamentos nacionales, en especial el que regula los establecimientos penitenciarios, el recurso especifica que los traslados masivos que se realizaron el 10 y 15 de mayo al penal de Valdivia, se habrían efectuado sin que la autoridad penitenciaria nacional se asegurara previamente, mediante exámenes y resultados a la vista, que las personas condenadas que serían trasladadas no estuvieran contagiadas con COVID-19.
En ese sentido, la abogada precisó que estos traslados se habrían realizado sin sujeción a las normativas y protocolos que la Autoridad Sanitaria ha dispuesto para evitar la propagación en el país ni a lo que dispone el reglamento penitenciario, en términos de garantizar la vida e integridad física o psíquica de las personas. “Como defensa creemos que esta actuación ha puesto en riesgo la salud de las y los condenados que se encuentran cumpliendo pena en el Complejo Penitenciario de Valdivia, unidad penal que por lo demás había tomado medidas sanitarias y de resguardo, para prevenir y evitar contagios en su interior y que a la fecha de esos traslados no tenía ningún brote o antecedente de contagio por COVID-19 dentro de su población penal” agregó la abogada.
Por último, la defensora penitenciaria, comentó que la acción legal en concreto solicita la adopción por parte de Gendarmería y la empresa concesionaria, de todas las medidas sanitarias recomendadas por los protocolos dispuestos por la Autoridad Sanitaria y su protocolos internos, que se informe en breve plazo respecto a las medidas que se adoptarán para evitar la expansión de contagio y que se oficie a la autoridad penitenciaria nacional para que en lo sucesivo se abstenga de efectuar traslados masivos sin el cumplimiento mínimo de la normativa dispuesta por la autoridad sanitaria.
“En lo específico, que no se traslade a internas e internos contagiados con COVID-19, entre regiones, por el peligro que esto supone para la salud de los mismos internos trasladados y para el resto de la población penal”, concluyó Tapia.
