Defensoría Penal analiza presentar recursos de amparo por libertades condicionales rechazadas en Valdivia
La Defensoría Penal Pública en la Región de Los Ríos evaluará presentar recursos de amparo respecto por las solicitudes de condenados a la libertad condicional que fueron rechazadas, de las cuales casi un 90% no fueron aceptadas.
La Comisión de Libertad Condicional de Valdivia recibió un total de 238 peticiones de libertad condicional presentadas por condenados tanto de la capital regional como de la Provincia de Osorno –donde también tienen jurisdicción–, de las cuales solo aceptó 26 de ellas, rechazando el 89% de las solicitudes emitidas.
A esto se refirió el jefe de estudios subrogante de la Defensoría Regional de Los Ríos, Juan Pablo Alday, quien se lamentó por no haber participado de dicha comisión, pese a que lo habían solicitado.
“Señalar respecto de aquello que, en primer lugar, lamentamos no haber podido participar en dicha comisión, dado que elevamos una solicitud a efecto de que, como Defensoría Penal Pública, pudiésemos haber sido oídos en las postulaciones de los diversos internos que postularon a dicho beneficio, sin perjuicio de ello dado que no se logró unanimidad fue rechazada nuestra solicitud”, aseveró Alday.
Asimismo, recalcó que están atentos las resoluciones que dictó la comisión, “a efecto de evaluar recursos de amparo respecto de aquellos internos en que estimemos que existan ilegalidades que sean susceptibles de dicho recurso”.
Respecto a esto último, el jefe de estudios de la entidad recalcó que evaluarán presentar dicho recurso “porque creemos firmemente como Defensoría Penal Pública que la libertad condicional es el mecanismo que permite a los condenados obtener la reinserción social”.
Por último, afirmó que, “ello va en directa sintonía con los planes nacionales de evitar mayores índices de delincuencia”.
Cabe recordar que para los internos a los que se les aceptó su solicitud, habrá una vigilancia por parte de un delegado de Libertad Condicional de Gendarmería, quien elaborará un plan de intervención individual en un plazo de 45 días, el cual deberá ser firmado por el propio condenado a modo de compromiso para cumplir lo que establece el documento.
