Denunció abuso sexual y no había protocolo: Multa a colegio por vulnerar derechos de alumna en Valdivia
Una multa por vulnerar derechos de una estudiante, fue confirmada en contra de la sostenedora del Instituto Alemán Carlos Anwandter de Valdivia. La justicia estableció que la afectada denunció un abuso sexual, pero el establecimiento no tenía un protocolo para aquello.
Una sanción de 70 Unidades Tributarias Mensuales fue la que se ratificó para el plantel educativo, que en primera instancia había sido ordenada por la Superintendencia de Educación, ente que constató que los instrumentos del recinto no se ajustaban a la normativa vigente.
El Instituto Alemán perseguía dejar sin efecto la resolución y para ello presentó un recurso de reclamación, acusando ilegalidades en el proceso que terminó con la multa.
El primer argumento para revertir la sanción fue que se requirió información a un correo que no correspondía a la representación legal del establecimiento. La corte desestimó lo anterior, constatando que la propia reclamante “habría sido utilizado por la propia parte reclamante, para remisión de antecedentes y solicitudes de ampliación de plazo, suscritas por el rector del establecimiento”.
La denuncia se efectuó en 2020 y en razón de eso, también se alegaba una eventual vulneración al procedimiento de gestión de denuncias COVID-19, afirmando que la ilegalidad radicaba en que la Superintendencia no notificó al instituto y tampoco otorgó un plazo para corregir la falta.
Sobre esto, el tribunal de alzada concluyó que el argumento “dice relación con una supuesta falta de motivación del acto administrativo, la que no se advierte, toda vez que, la tramitación aludida tiene carácter excepcional y se relaciona con casos críticos que se verifiquen durante la emergencia de salud derivada del brote de COVID-19, situación que no habría acontecido en el presente caso, y por ello será desestimada”.
La corte terminó por desechar el recurso de la sostenedora, estableciendo que “tuvo la oportunidad de formular sus descargos y rendir pruebas, procediendo incluso a modificar su reglamento interno, estableciendo protocolo de actuación ante actos de vulneración de derechos de los estudiantes, entre otros, lo que motivó una rebaja de la sanción aplicada, de manera que no consta, algún acto u omisión ilegal, por parte de la administración que haya impedido o vulnerado su derecho al debido proceso administrativo o que pudiere haber producido indefensión”.
De esta forma, se ordenó el pago de la multa que supera los $4 millones y que la empresa se haga cargo de las costas del proceso judicial.
