Deuda en Los Ríos supera los $3 mil millones: Ley para pago de pensión de alimentos entra en rigor
A más de $3 mil millones asciende la deuda de pensiones de alimentos en Los Ríos, que se ubica en el quinto lugar en la cantidad de deudores, en una realidad que busca ser revertida con la entrada en vigencia de la ley de Responsabilidad Parental.
Un problema histórico y que afecta a un número importante de familias es la elusión de la responsabilidad del costeo de la vida de niños, niñas y adolescentes, que busca ser frenada con el cuerpo legal que desde este sábado comienza a aplicarse en todo el país.
La situación de Los Ríos no deja de preocupar y así lo hizo presente la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de la Mujer y Equidad de Género, Francisca Corbalán, detallando que “Los Ríos es la quinta a nivel nacional y encabezamos las regiones del sur con la mayor cantidad de registros ingresados, superando a las regiones de La Araucanía y Los Lagos que tienen mayor población. Por lo mismo es muy relevante crear conciencia sobre la importancia de hacerse cargo de los hijos e hijas”.
Las cifras son claras y establecen que a seis meses de funcionamiento del Registro Nacional de Pensiones de Alimentos, la región tiene una deuda de $3.266 millones, en perjuicio de 4.337 niños y niñas. En tanto, los deudores son 3.631, de los cuales el casi un 96% son hombres.
Frente a esta realidad y con la entrada en vigor de la ley, la SEREMI Corbalán expresó que las mujeres madres “ya no van a estar solas en el proceso que implican las deudas de pensión de alimentos para sus hijos e hijas. Con la nueva ley habrá un apoyo real por parte del Estado para alivianar la mochila que llevan las mujeres de criar a sus hijos e hijas solas, y además tener que perseguir la deuda de alimentos y pasar por tribunales o hacer de investigadora financiera”.
La nueva legislación sanciona a quienes registren tres meses continuos o cinco discontinuos de no pago de pensión, mediante mecanismos que -entre otros- contemplan la retención de fondos de cuentas bancarias, pensiones, devolución de impuestos, créditos y remuneraciones.
Además, los deudores no podrán llevar a cabo una serie de trámites hasta no hacer efectivas las transferencias, como por ejemplo ventas o traspasos de bienes o solicitudes de licencias de conducir y pasaportes.
