Discutirán suspensión condicional para trabajadores formalizados por desviar cauce en Mocho Choshuenco
Una eventual suspensión condicional del procedimiento se discutirá para dos imputados, quienes fueron formalizados por desviar el cauce en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco de Panguipulli.
Para este jueves se reprogramó la audiencia de formalización de los cargos contra un operador de máquina y un empleado de una empresa contratista por el delito de usurpación de aguas, esto tras un acuerdo entre el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado –parte querellante de la causa– y la defensa de los imputados, instancia en la que el ente persecutor solicitó que el Juzgado de Garantía de Panguipulli decrete la suspensión condicional de este procedimiento.
Según los antecedentes entregados por el fiscal Alejandro Ríos, los hechos ocurrieron en abril del 2020 cuando uno de los imputados, por instrucción del otro, “realizó una intervención consistente en una excavación de una zanja de aproximadamente 80 metros de largo, produciéndose una desviación del curso de las aguas proveniente del deshielo del glaciar del volcán Mocho, ubicado a unos 250 metros de distancia del lugar de la intervención. Aguas que descienden naturalmente a la cuenca que va a hacía el río Maihue, desviándose, producto de la intervención, hacia los terrenos de la reserva privada Huilo Huilo”.
Para esto, el fiscal detalló se habría usado una “máquina excavadora de propiedad de la empresa forestal Neltume Carrrasco Limitada”.
Lo mismo sucedería en mayo de ese mismo año. Ríos explicó que en esa fecha ambos trabajadores involucrados realizarían “una segunda zanja distante a unos 300 metros de la primera realizada como ya se señaló en el mes de abril del año 2020, esta de aproximadamente unos 70 metros de largo, produciéndose una desviación de las aguas que se dirigían a la reserva privada Huilo Huilo, producto de la desviación de abril del año 2020, y ahora se desvían hacia el estero conocido como Tranca del Toro, donde existe una bocatoma que lleva las aguas mediante tuberías hacia la central de pasada Truful, propiedad de forestal Neltume Carrasco”.
Los antecedentes del ente persecutor precisan que estas acciones se llevaron a cabo pese a que ninguno de los imputados contaba con un título, habilitación o autorización legal para su ejecución.
Con estos antecedentes, para la Fiscalía pidió la medida cautelar de arraigo nacional, la cual fue acogida por el tribunal, fijando un plazo de investigación de 90 días.
El Ministerio Público y el CDE solicitó una audiencia para analizar una eventual suspensión condicional del procedimiento de esta causa, la cual se programó para el próximo 5 de octubre.
