Dos excarabineros son acusados por homicidio de minero en La Unión durante la Dictadura Cívico-Militar

Dos carabineros en retiro fueron acusados por el homicidio de un minero del carbón en La Unión, hechos que acontecieron durante la Dictadura Cívico-Militar.

El Ministro Álvaro Mesa, que revisa causas por violaciones a los derechos humanos en la Región de Los Ríos, dictó acusación contra Bernardo Orlando Barrera Vargas, cabo primero de Carabineros a la fecha de los sucesos, y Mario Hugo Molina Hernández, mayor en retiro, en calidad de cómplice y encubridor en el delito de homicidio calificado de Osvaldo Jaramillo Figueroa, minero de la carbonífera de Catamutún que fue detenido el 4 de octubre de 1973 en La Unión.

De acuerdo a los antecedentes presentados en el auto acusatorio, el Ministro Mesa expuso que Molina Hernández para el período de los hechos estaba a cargo de la Tercera Comisaría de La Unión, cuyo personal se desplegó por el territorio dentro de las medidas de control de la población, orden y toque de queda.

Es así como un contingente de 80 efectivos pertenecientes a dicho recinto policial acudieron a la mina de Catamutún, con el objetivo de detener a trabajadores que eran requeridos por diferentes motivos, entre ellos se encontraba la víctima de 24 años, quien era simpatizante del depuesto Gobierno de la Unidad Popular y que había sido citado con anterioridad por carabineros de la Tercera Comisaría de La Unión para ser interrogado por presunto porte de armas y su supuesta participación en el denominado “Plan Z”, pero no acudió hasta la fecha de su aprehensión.

Luego de su detención, los exuniformados subieron a Jaramillo Figueroa a un jeep particular Land Rover para ser trasladado a la mencionada comisaría, instante en que la víctima intentó arrebatarle un fusil que Barrera Vargas tenía en su poder, escapándose un tiro en el forcejeo para posteriormente ser bajado del vehículo, momento cuando el teniente Guillermo Emilio Ramírez Mazzarelli ordenó disparar a quemarropa al trabajador, provocándole la muerte en el lugar.

Tras esto, los excarabineros llevaron el cadáver hasta la Tercera Comisaría de La Unión, lugar donde se exhibió el cadáver a sus compañeros de trabajo, quienes fueron amenazados a cooperar en los interrogatorios o sufrirían el mismo destino fatal.

Pese a los antecedentes expuestos por el Ministro Mesa, durante la investigación no se ha podido comprobar dónde está inhumada la víctima, pese a que su certificado de defunción es del 4 de octubre de 1973 en el que se establece como causa de muerte fusilamiento, pero no existe protocolo de autopsia en los registros del Servicio Médico Legal.

Debido a esto último, la familia de Jaramillo Figueroa no se enteró de su muerte hasta varios años después de su ocurrencia, sin tener certeza respecto al lugar físico donde se encuentran sus restos.

Por último, se establece que desde Carabineros no se inició ningún sumario administrativo para esclarecer estos hechos ni establecer eventuales responsabilidades en la muerte del minero, así se consta en certificados que fueron remitidos por el departamento de gestión en Derechos Humanos de la institución policial.