Empresa de áridos de Los Ríos arriesga multa de hasta $4 mil millones por no tener permiso ambiental
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio contra los titulares del proyecto “Extracción y Procesamiento de Áridos Fundo Las Camelias”, ubicado en la comuna de Mariquina por no contar con el permiso ambiental correspondiente.
Según se informó desde la superintendencia, este procedimiento se inició luego de que una de las titulares presentara una autodenuncia – que fue rechazada posteriormente por la SMA por no haberse cumplido con los requisitos legales y reglamentarios- por la extracción de áridos en un volumen por sobre los 100.000 m3 en una superficie mayor a 5 hectáreas sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que la autorice, ya que este tipo de proyectos deben ser sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Con los antecedentes del caso y en el objetivo de cuantificar la evolución de la explotación de áridos realizada por el titular, en septiembre del año pasado la SMA realizó una actividad de inspección a través de un análisis geoespacial en el Fundo Las Camelias, con el que se pudo confirmar que el proyecto inició en 2005 y se mantuvo hasta, al menos, el año 2023. Junto con esto, se constató que la extracción se continuaba ejecutando con maquinaria activa y operativa, como chancadoras, retroexcavadoras y un taller mecánico.
Al respecto, el Jefe de la Oficina Regional SMA de Los Ríos, Eduardo Rodríguez explicó que “tanto por los efectos reconocidos en la autodenuncia y por el análisis realizado por la SMA, se puede sostener que existen antecedentes suficientes que vinculan la ejecución del proyecto con la modificación de parte de la zona intervenida que ha generado la pérdida de bosque nativo, eliminación de la capa vegetal en suelos no autorizados, y claramente un detrimento de los recursos naturales existentes en el predio”.
En consideración a dichos antecedentes, la SMA formuló un cargo grave en contra de los titulares de los titulares del proyecto. Según la normativa, las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). En este procedimiento sancionatorio, la empresa arriesga una multa equivalente a más de $3.954 millones a valor actual.
El titular tendrá 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde su notificación.
