Familias de víctimas y próximo fallo por Caravana de la Muerte Valdivia: “Necesitamos cerrar este círculo”

Esperando justicia y que los involucrados “sean condenados como cualquier civil”, familiares de víctimas del paso de la Caravana de la Muerte por Valdivia esperan que sus argumentos sean acogidos por la Corte Suprema, que próximamente entregará su resolución sobre el caso.

Son doce las víctimas que en las primeras semanas de la Dictadura Cívico-Militar murieron fusiladas en la ciudad, coincidiendo con el arribo del grupo comandado por el general de Ejército Sergio Arellano Stark, que ejecutó a opositores al régimen en distintas ciudades a lo largo del país.

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago dio por acreditado que la madrugada del 12 de septiembre de 1973, un grupo de personas llegó al retén de Carabineros de Neltume, en Panguipulli, llamando a viva voz que los funcionarios opusieran resistencia al recién concretado Golpe de Estado. Esto, generó una balacera en el lugar.

Días después, una patrulla detuvo a cuatro personas en Liquiñe, que estaban vinculadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que, según los efectivos, participaron del hecho, siendo derivados a la cárcel de Isla Teja en Valdivia.

El 3 de octubre fue fusilada la primera víctima y en la jornada posterior se ejecutó a otras 11 personas, a quienes se les atribuía participación en lo acontecido. De acuerdo a la resolución judicial de la corte santiaguina, en esa fecha llegó la Caravana de la Muerte a la zona.

Los involucrados en esta causa son Santiago Sinclair Oyaneder, ex ministro del dictador Augusto Pinochet y también vicecomandante del Ejército y senador designado; Emilio de la Maothiere González, sindicado como el piloto del helicóptero que traslado a los efectivos; además de los exmiembros del Ejército Juan Chiminelli Fullerton y Pedro Espinoza Bravo.

• Fallos y recursos judiciales.

El devenir judicial del caso Caravana de la Muerte Valdivia parte con una resolución de primera instancia, en la que se absolvió a Sinclair Oyaneder y a de la Maothiere González, condenando a Chiminelli Fullerton a 14 años de presidio y a Espinoza Bravo a 18 años de cárcel, como autores de los crímenes.

Tras ello, se presentaron sendos recursos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que finalmente decidió revocar las absoluciones y condenar a Sinclair a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de homicidio calificado, por considerarse que propició consejos de guerra -no acreditados- que revistieron los fusilamiento de una pseudo legalidad.

Por su parte, de la Maothiere recibió una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio como encubridor, al ser el copiloto del helicóptero, la que fue conmutada por libertad vigilada.

En cuanto a Chiminelli Fullerton y a Espinoza Bravo, sus penas fueron rebajadas a cinco años y un día y a 10 años, respectivamente, aplicándose la prescripción gradual de los ilícitos y considerando que tomaron conocimiento, participaron de los preparativos y también de la ejecución de las muertes.

Familiares de víctimas esperan justicia.

El periplo judicial no se agotó con la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que tanto las familias de las víctimas como las defensas de algunos de los involucrados, recurrieron a la Corte Suprema.

Por un lado, los familiares buscan que se dejen sin efecto las rebajas de las penas y por otro, las defensas de los condenados persiguen su absolución, tal como en fallo de primera instancia.

Este jueves se desarrollaron los alegatos ante el máximo tribunal del país y la vocera de la Agrupación de Familiares Caravana de la Muerte Valdivia, Yenny Barría, resume el objetivo en que “todos estos altos agentes del Estado sean condenados como cualquier civil más”.

“Es necesario que las instituciones empiecen a hacer el trabajo, principalmente el área de justicia, que empiece a fallar conforme a derecho y que la justicia sea igual para todos, para toda la gente, para todo chileno”, manifestó a RioenLinea Barría, quien expresó que “necesitamos cerrar este círculo y no solamente nosotros como familiares de ejecutados políticos, sino como sociedad, necesitamos que este círculo que dañó a nuestro país se cierre pronto”.

La vocera de los familiares además subrayó que el proceso judicial se ha extendido por varios años, lo que en parte atribuye a que uno de los involucrados, Santiago Sinclair Oyaneder, fue ministro de la Dictadura y un alto oficial. Frente a esta consulta, respondió que “sin lugar a dudas. Eso lo he hecho presente como vocera en todas las reuniones que he sostenido con las altas autoridades”.

Según dijo Yenny Barría a este medio, en estos días se conocerá si la Corte Suprema deja su resolución en estudio o en acuerdo, lo que daría pie a que el fallo se conozca próximamente.