Formalizan a dueño de Reserva Biológica Huilo Huilo por delito tributario: Deberá pagar millonaria multa

El dueño de la Reserva Biológica Huilo Huilo, Víctor Petermann, fue formalizado por delito tributario, acusado de recibir indebidamente devoluciones de impuestos a través de una supuesta “empresa de papel”, por lo cual deberá pagar una millonaria multa.

De acuerdo a información a la que accedió en exclusiva RioenLinea, Víctor Petermann fue formalizado el 20 de agosto pasado en el Tribunal de Garantía de Panguipulli, tras una investigación iniciada por la Fiscalía en su contra por delito tributario.

Todo surgió, en base a una querella interpuesta en contra de Petermann en noviembre de 2017 por el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, por devoluciones indebidas de impuestos de la empresa PECC Inversiones Limitada.

PECC Inversiones, según la querella, habría recibido entre los años tributarios del 2011 al 2014, devoluciones indebidas de impuestos por pagos provisionales por utilidades absorbidas, debido a la aplicación de la corrección monetaria a los saldos de cuentas corrientes mercantiles que mantenía dicha empresa con otras compañías relacionadas.

La empresa PECC Inversiones, se constituyó en 2007 tras la división de la sociedad Tehmco Tuberías de Polietileno Convencional Limitada, con un capital inicial que supera los seis mil millones de pesos, aportado en su gran mayoría por Petermann.

El capital asignado provenía principalmente de retiros de la empresa Minera Norte, reinvertidos a Tehmco, y que debido a la división fueron asignados a PECC Inversiones a través de la asignación de una cuenta corriente que Tehmco mantenía con la sociedad Huilo Huilo Desarrollo Inmobiliario, por un monto que supera los seis mil 249 millones de pesos.

• Devoluciones Indebidas de Impuestos

Según la querella del SII, Petermann recibió a través de PECC Inversiones devoluciones de impuestos de forma indebida, ya que “dichos montos se incorporaron a los respectivos Formularios Nº 22 sobre Impuestos Anuales a la Renta, en los cuales se incluyeron elevados gastos por pérdidas tributarias creadas artificialmente, lo que, en definitiva, generó consecuencias en la determinación de su Renta Líquida Imponible, que provocaron la obtención de devoluciones indebidas de Impuesto a la Renta”.

Asimismo, de acuerdo a lo denunciado por el Servicio de Impuestos Internos, la sociedad –de la cual Petermann era accionista mayoritario- no tenía una actividad económica efectiva, ya que entre 2011 y 2014 no tuvo ningún tipo de ingresos, salvo a las devoluciones de impuestos, constatándose por la institución tributaria que no tenía gastos mínimos operacionales, no tenía personal contratado, ni tampoco realizaba su objeto, la inversión y rentas de capitales mobiliarios.

Además, de acuerdo a lo argumentado por el SII, “la operación anterior resulta absolutamente improcedente e ilegal, dejando con ello de manifiesto la intención del querellado en orden a obtener devoluciones indebidas de impuesto de forma maliciosa, ya que no pudo menos que saber que la conducta que estaba desarrollando no tenía otro fundamento más que el hecho de aprovechar un beneficio que no le correspondía”.

Por todo ello,  el empresario fue formalizado en calidad de autor y en grado de consumado. Pese a la oposición del Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía solicitó aplicar la suspensión condicional del procedimiento.

El abogado de PECC Inversiones, Rodrigo Ávila, desestimó la acusación del Servicio de Impuestos Internos, descartando que su representado haya tenido participación en el delito tributario que se le imputó y -a su juicio- tampoco existió dolo en su actuar.

Ávila, calificó la acción judicial del SII como “infundada” y “mañosa”, ya que el supuesto perjuicio fiscal que acusa la institución ya se había pagado con antelación a la interposición de la querella, descartando de paso que PECC Inversiones sea una “empresa fantasma” o de “papel”.

El Juez de Garantía de Panguipulli, Felipe Muñoz, resolvió acceder a la solicitud de la Fiscalía, decretando la suspensión condicional del procedimiento por un periodo de dos años, argumentando en la misma audiencia que en la eventualidad de dictarse una sentencia condenatoria, considerando las atenuantes, sería muy remota la posibilidad que al imputado se le condene a una pena de presidio efectivo y tampoco a libertad vigilada intensiva.

Es por eso, que el Juez Muñoz dispuso que Petermann deberá pagar la suma de 86 millones 801 mil 274 pesos –monto que corresponde a lo recibido indebidamente por las devoluciones de impuestos-, dividido en 23 cuotas de tres millones 773 mil 968 pesos, de las cuales ya fue pagada la primera durante septiembre.

Petermann, también deberá acudir trimestralmente a cualquier dependencia del Ministerio Público para acreditar el pago del dinero, además de fijar domicilio e informar cualquier cambio ante la Fiscalía de Panguipulli.