“Hemos estado gestionando”: Los descargos del Gobierno tras críticas por predio tomado en Corral

Afirmando que han realizado las coordinaciones necesarias y que los propietarios no se comunicaron con Carabineros tras haber sido agredidos, la Delegación Presidencial de Los Ríos respondió a los requerimientos sobre sus gestiones para resguardar un predio tomado en Corral.

Todo responde a las solicitudes de los recurrentes y de la Corte de Apelaciones de Valdivia, tras el fallo que -en razón de un recurso de protección- ordenó a la Delegada Presidencial implementar un plan para resguardar el fundo La Galera, cautelar el cumplimiento de las medidas de protección y, por una disposición adicional de la Corte Suprema, prestar auxilio de la fuerza pública a las medidas impartidas por la Fiscalía en el espacio ocupado.

La resolución fue ratificada en noviembre del año pasado y por este motivo es que se requirió que la Delegada Carla Peña diera cuenta de su cumplimiento, presentando un escrito el 10 de enero. Sin embargo, los particulares a través de su abogado cuestionaron el documento y además denunciaron que en febrero fueron agredidos por quienes -con una orden de resguardo vigente- igualmente tenían tomado el predio.

Es por eso que nuevamente se solicitó un pronunciamiento de la autoridad, que tal como informó RioenLinea, no llegó sino hasta fines del mes de marzo. Por esto fue consultada la representante del Presidente Gabriel Boric, quien junto con confirmar que respondieron a la Corte de Apelaciones, evitó referirse al episodio denunciado.

“Hemos estado gestionando y coordinando de cierta manera lo que se ha realizado en función del tema del fallo. Con referente a ese punto en específico no podría dar una respuesta, porque eso está contestado en el informe que nosotros hemos entregado a la Corte y, por lo tanto, mientras sea materia del proceso judicial no me puedo referir a esta situación”, dijo la Delegada Carla Peña.

Precisamente, el documento enviado al tribunal de alzada reconoce la existencia de la denuncia, que precisan está siendo investigada, pero afirman que “lo cierto es que tampoco, pudiendo hacerlo dado el contacto telefónico preferente que existe entre Carabineros de Chile y la recurrente, no realizan ninguna comunicación con el organismo policial para efectos de que los escolte y puedan brindarles la seguridad necesaria para ingresar a su predio y verificar el estado de sus viviendas”.

En este orden, el escrito afirma que “se han llevado a cabo todas las actuaciones, reuniones y coordinaciones” para resguardar a las personas, por lo que se manifiesta que “cabe hacerse la siguiente pregunta ¿Qué espera la recurrente? ¿Acaso espera que se ordene el desalojo del predio Fundo La Galera por vía administrativa? ¿Espera acaso que se desaloje sin resolución judicial que ordene el mismo desalojo?”, haciendo presente que la Delegación no tiene las facultades legales para eso.

La protección del fundo según el Gobierno no ha sido fácil, lo que sustentan en respuestas de Carabineros a una serie de oficios para tener conocimiento de la situación, donde la institución policial ha respondido que se necesitarían alrededor de 60 efectivos para dicha tarea, no siendo posible contar con las condiciones materiales para establecerse.

Sumado a eso, informan que en medio de patrullajes no han podido ingresar “debido a que mantiene un portón cerrado con candado que impide el ingreso” y en otra oportunidad “se encontraron que el acceso estaba bloqueado por terceras personas”.

Incluso, se da cuenta que en el mes de enero los uniformados concurrieron nuevamente al predio y que lograron cruzar el portón, sin poder avanzar más, “toda vez que, se encontraba el camino interrumpido y bloqueado debido a cruces de árboles que fueron talados intencionalmente”.

Paralelo a esto, existe una causa penal abierta donde se investiga el delito de usurpación violenta, en la que se resolvió que tres personas imputadas quedaran con la medida cautelar de prohibición de acercarse al espacio, con una orden para abandonarlo. Además, otras siete serían formalizadas en mayo, algunas de las cuáles no han sido encontradas para notificarles del proceso.