INDH por aplicación de Ley de Seguridad Interior del Estado por corte de Ruta 5 Sur: “Tiende a criminalizar la protesta social”
El Director (s) del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Los Ríos, Mauricio Maya, se refirió a la manifestación protagonizada por pescadores artesanales, donde cortaron la Ruta 5 Sur y cómo ha actuado el Gobierno al respecto, asegurando que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, “tiende a criminalizar la protesta social”.
El sábado pescadores artesanales del norte de la región y de Queule, cortaron la Ruta 5 Sur a la altura de Ciruelos, para manifestarse en contra del Gobierno por el veto aditivo a la Ley de la Jibia, que dejaba el cien por ciento de la extracción de ese recurso para la pesca con potera o línea de mano y que con la medida adoptada por el Ejecutivo, se abriría la posibilidad de otras artes de pesca como el cerco.
Tras dicha protesta, fueron detenidos cuatro manifestantes que fueron formalizados con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, tras una querella interpuesta por el Gobierno por el corte de la ruta.
En esa línea, Mauricio Maya, Director (s) del INDH en Los Ríos, dijo que, tal como lo dice el informe anual de la institución del 2012, la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado “tiende a criminalizar la protesta social”, al agravar las categorías delictivas de los desórdenes públicos y otros ilícitos, que ya están sancionados en la normativa, por lo que la aplicación de dicha ley –a su juicio- aparece como una “sobre criminalización” de estos hechos que forman parte de la manifestación social.
Maya, dijo que como institución les “complica” y les “preocupa” que el Ejecutivo criminalice dicha protesta elevando la categoría a Ley de Seguridad Interior del Estado, que –según aclaró- está destinada para otro tipo de manifestaciones que buscan desestabilizar el Gobierno o el Estado.
Mauricio Maya, añadió que seguirán observando este proceso, reafirmando la preocupación de la institución por la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, donde se otorgó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación contra los cuatro manifestantes detenidos el sábado.
