Justicia acoge amparo tras denuncia por 200 internos durmiendo en el suelo de la cárcel de Valdivia
El Juzgado de Garantía de Valdivia acogió el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública de la Región de Los Ríos, esto tras la denuncia por cerca de doscientos internos durmiendo en el suelo en el Complejo Penitenciario Llancahue.
Dicha acción judicial, a la que se adhirió el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), busca que se generen los estándares mínimos de habitabilidad ante las malas condiciones en que se encuentran las celdas, situación que fue denunciada por los propios internos.
Esto fue comprobado en una visita que el INDH efectuó en el establecimiento penitenciario.
Al respecto, la abogada del organismo, Constanza Montt, afirmó que “tras tomar conocimiento por parte de la Defensoría Penal Pública respecto de más de doscientas personas privadas de libertad que se encontraban durmiendo en el suelo, concurrimos al recinto penitenciario y pudimos constatar de manera presencial y levantamos registro al respecto de la situación”.
Verificado esto, Montt también aseveró que los reos “están en una condición de sobrepoblación en sus celdas, en condiciones deficientes de habitabilidad por inundaciones en sus celdas, por plagas de palomas en algunos módulos y por condiciones de higiene muy paupérrimas que generan niveles de vida bajo el promedio del estándar mínimo que exigen los tratados internacionales de derechos humanos en materia de personas privadas de libertad”.
A raíz de esta situación, la defensora pública penitenciaria, Marcela Tapia, manifestó que “se interpuso amparo por el equipo penitenciario, en coordinación con la defensoría regional, este amparo fue acogida el día de hoy”, instruyendo el tribunal que se restablezcan las condiciones óptimas de habitabilidad en la infraestructura.
Además, Tapia comentó que el Juzgado de Garantía decidió “acoger el traslado de trece internos, Gendarmería informó factibilidad de traslado positivo para ellos, para lo cual se deberá contar con su consentimiento. Respecto de los condenados que no cuentan con factibilidad de traslado positiva, se ordenó por el juez adoptar medidas para mejorar condiciones en un plazo de 30 días, si no se cumplen, se procederá también al traslado de estos”.
Respecto a la resolución dictada por el tribunal, Tapia aseveró que “estamos conformes con la decisión, puesto que los Estados no pueden invocar falta de recursos económicos para justificar condiciones deplorables de encierro o un agravamiento de las condiciones carcelarias, porque estas deficiencias no son inherentes a la pérdida de libertad, así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos fallos sobre la materia”.
Por su parte, la abogada Montt hizo énfasis en que “valoramos la resolución del Juzgado de Garantía de Valdivia y esperamos que se cumpla y se genere la coordinación necesaria entre el Ministerio de Obras Públicas, Gendarmería de Chile y la empresa concesionaria para cumplir con el fallo y dar cobertura adecuada a todas aquellas situaciones que fueron expuestas tanto por la defensa penitenciaria como por el instituto y se mejoren y se cumplan, en definitiva, los estándares en dicha materia”.
De esta forma, se tendrá que cumplir con el fallo emitido por el tribunal, para lo cual se tendrá que coordinar la mejora de la infraestructura carcelaria.
