Justicia ordena a la Delegada Peña implementar plan de resguardo a predio tomado en Corral
La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a la Delegada Presidencial de Los Ríos, Paola Peña, implementar un plan de resguardo a un predio tomado en la comuna de Corral.
La segunda sala del tribunal de alzada valdiviano, en fallo unánime, decidió acoger un recurso de protección interpuesto por las empresas Inversiones M.T.A. Limitada, Inversiones PGT Limitada, Inmobiliaria e Inversiones Pitren Limitada y Bellcorp S.A., en contra de la Delegada Paola Peña.
En ese sentido, la Corte de Apelaciones, ordenó a la autoridad regional implementar, previa coordinación con los organismos correspondientes, un plan de medidas que brinde protección eficiente e integral a los recurrentes, quienes se han visto impedidos de ingresar a su predio en el fundo La Galera, ubicado en Corral, el cual se mantendría tomado desde marzo pasado por integrantes de una comunidad indígena.
Asimismo, la corte instruyó a la Delegada Peña, velar por el cumplimiento de los requerimientos formulados por el Ministerio Público, adoptando las medidas pertinentes para que personal de Carabineros dé cumplimiento a las medidas de protección decretadas.
“Que, la omisión cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por esta vía consiste en que la Delegada Presidencial Regional de Los Ríos no ha adoptado medidas preventivas o represivas frente a la ocupación por terceros del inmueble de propiedad de las sociedades recurrentes, al tiempo que no han sido escuchados, ni se ha contestado las cartas remitidas a la autoridad regional”, sostiene el fallo.
Asimismo, la sentencia detalla que, “(…) la propia recurrida al informar reconoce que ´… si es factible por parte de la autoridad regional es la adopción de medidas sobre seguridad pública que tienden a evitar la reiteración de hechos delictuales como los ocurridos en nuestra región (…)´”.
De acuerdo a lo concluido en el fallo, las medidas implementadas hasta el momento por la autoridad, ponen de relieve una “falta de eficacia” de las mismas.
El plan, que la Corte de Apelaciones, mandató implementar a la Delegación Presidencia, debe procurar “la protección eficiente e integral de las personas recurrentes que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra”, según se especifica en el fallo. La institución tendrá un plazo de 30 días corridos para informar al tribunal de alzada, la materialización de las medidas.
