Organizaciones arremeten contra Delegada Peña ante presuntas presiones para aprobar proyecto

Organizaciones ambientales arremetieron en contra de la Delegada Presidencial de Los Ríos, Carla Peña, tras desligarse de las acusaciones de presiones para aprobar un proyecto inmobiliario. “Esperamos una respuesta seria”, criticaron agrupaciones defensoras de los humedales.

Escala la polémica y lo mismo hacen las críticas en contra de la autoridad de Gobierno en la zona, esta vez por la manera en que abordó las acusaciones de presionar al SEREMI de Minería, Patricio Tenorio, para dar su voto favorable a la construcción del Condominio Parque Río Cruces II, en la Isla Teja.

Lejos de desatar el nudo originado tras la filtración del audio en que Tenorio hacía alusión a esta situación, el comunicado compartido desde la Delegación Presidencial -que asegura que todo se trata de “rumores y trascendidos”– gatilló cuestionamientos que vinieron por parte de las organizaciones ambientales de la región.

Se trata de la Red Ciudadana por los Humedales, la Corporación por los Humedales de Angachilla y Agrupación de Promotores del Desarrollo Social y Ambiental, quienes por medio de una declaración conjunta arremetieron contra Peña, quien este martes también afirmó que no le correspondía hacerse cargo de audios privados.

“La denuncia sobre presiones de la Delegada Presidencial para aprobar el proyecto inmobiliario Condominio Río Cruces II es un hecho grave que requiere una respuesta seria de parte del gobierno”, manifestaron desde las agrupaciones, añadiendo que “es necesario clarificar lo ocurrido y no desvirtuarlo. La región ya ha vivido experiencias de proyectos de inversión que han sido aprobados mediante presiones políticas y que terminan afectando la probidad de las instituciones del estado, con consecuencias lamentables que se reflejan en la confianza pública y el descrédito que generan estas malas prácticas”.

Junto con esto, los activistas ambientales subrayaron y criticaron el hecho de que el proyecto haya sido aprobado en relación a una Declaración de Impacto Ambiental y no un Estudio de Impacto Ambiental, figura que no hace obligatorios requerimientos como la participación ciudadana o la consulta indígnea, llamando a mejorar la legislación vigente en la materia.

El escrito también manifiesta que el tono de la respuesta de la Delegada solo “solo agrava la situación”, ya que “la ciudadanía espera que las autoridades trabajen por temas de interés común, como la protección ambiental y la calidad de vida, y no para los intereses del sector inmobiliario“.

Ante esto, exigieron “una respuesta seria de parte del gobierno y sus partidos. Hacerse cargo de los efectos que esta denuncia genera y aportar siempre a rectificar lo necesario para mejorar y dar legitimidad a los mecanismos institucionales ambientales”.

Así, los problemas y reacciones tras la aprobación del proyecto de la Constructora PACAL S.A. continúan sucediéndose, incluso con una exigencia para que la autoridad renuncie a su cargo, por parte de la comunidad mapuche Koliñir.

• Revisa la declaración aquí: