Preso quedó imputado por asesinar a puñaladas a un hombre en la línea del tren de Máfil
En prisión preventiva quedó un imputado acusado de matar a un hombre, apuñalándolo en reiteradas ocasiones con dos armas blanca, en la línea del tren de la comuna de Máfil.
Se trata de Cristian Fernando Fuentealba Morales, de 31 años de edad, quien fue formalizado este viernes por el homicidio calificado de Eduardo Ariel Milling Zambrano, de 24 años, hecho ocurrido el pasado martes 25 de enero, en Máfil.
El imputado había sido condenado con anterioridad por un delito de homicidio que cometió en febrero de 2014 en la comuna de Valdivia contra un hombre de 54 años, y se encontraba en libertad luego de haber cumplido la condena por ese hecho.
La Fiscal Jefa de Los Lagos, Claudia Baeza, explicó que el imputado Cristian Fuentealba Morales cometió este delito en horas de la noche, cuando se encontraba “en la vía pública en el sector línea férrea, calle Arturo Prat de la comuna de Máfil, compartiendo bebidas alcohólicas con la víctima, momento en que el imputado, sin motivo aparente, premunido de al menos dos armas blancas, una de ellas tipo cuchillo de doble hoja de 16 centímetros de largo y 11 centímetros de hoja y otra tipo cuchillo cocinero de 24 centímetros de largo y hoja de 12 centímetros, con ánimo homicida y con la intención de aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima, lo apuñala en reiteradas ocasiones en diversas zonas del cuerpo, falleciendo la víctima a consecuencia de heridas cortopunzantes múltiples”.
El imputado provocó a la víctima lesiones en la cabeza, tórax, cuello, extremidades, genitales y abdomen, las que efectuó con armas blancas y también con mordeduras. Luego de cometer el delito, se presentó en el consultorio de Máfil portando un cuchillo y afirmando que había matado a una persona, por lo que tras confirmarse la veracidad de sus dichos fue detenido por Carabineros.
A solicitud de la Fiscalía, el tribunal dispuso como medida cautelar para el imputado la prisión preventiva, por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando un plazo inicial de 100 días para el desarrollo de la investigación.
