Prisión preventiva para imputado por incendio que destruyó casona valdiviana
En prisión preventiva quedó el único imputado por el incendio que destruyó una emblemática casona valdiviana, en el centro de la capital regional.
La mañana de este domingo la Fiscalía formalizó investigación en contra del ciudadano de nacionalidad brasileña de inicial B.M.P.B. de 33 años de edad, imputado como autor del incendio que la madrugada de este sábado destruyó la casona que albergaba relevantes locales y organizaciones vinculadas con la cultura y el patrimonio de esta región, como el Café La Última Frontera, la tienda agroecológica de la cooperativa de consumo responsable La Manzana y las oficinas del Festival Internacional de Cine y el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia.
El imputado, fue detenido la tarde de este sábado por orden del juez de Garantía a petición de la Fiscalía, luego de intensas diligencias realizadas junto a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Chile de Valdivia.
En la audiencia de control de detención, el Fiscal Carlos Bahamondes le imputó cargos como autor del delito de incendio, que en Chile contempla una pena que puede llegar a los 20 años de presidio.
Según los primeros antecedentes recopilados en la investigación, se ha podido establecer que el imputado prendió fuego con el ánimo de incendiar el Café La Última Frontera, el cual fue consumido en su totalidad, destruyendo por la acción del fuego también otros locales y organizaciones que funcionaban en la misma casona. Además, por propagación se vio afectado parcialmente un inmueble aledaño.
“Para el Ministerio Público concurren al menos dos agravantes, que serían actuar de manera premeditada y segundo, actuar durante la noche”, explicó el Fiscal Bahamondes, añadiendo que el imputado “habría concurrido aproximadamente a la 01:00 de la mañana al local La Última Frontera y habría amenazado al personal con que quemaría el lugar y eso ocurrió durante la misma madrugada”.
El Juez Pablo Yáñez Gómez decretó la prisión preventiva del imputado, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El magistrado fijó un plazo inicial de 90 días para el desarrollo de la investigación.
